Tenían permiso para vivir y trabajar en Minnesota. Luego, fueron arrestados por agentes migratorios

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Willi Rondón fue arrestado hace casi seis meses por agentes migratorios en el estacionamiento de su apartamento. Su esposa, Génesis Mendoza, iba en el asiento del pasajero. Su hijo de 2 años iba atrás.

Rondón permaneció dentro del auto cuando los agentes le ordenaron bajar. Entonces, según Mendoza, un agente que hablaba español les gritó: “Bájate, cabrón, porque si no, me la llevo a ella también y tu hijo se va a quedar llorando”, recuerda.

Rondón les suplicó que no tocaran a su esposa mientras ella sacaba al niño del asiento de seguridad y lo apretaba contra su pecho. Los agentes lo golpearon, le quitaron el cinturón, lo sacaron a rastras del auto, lo subieron a la parte trasera de una camioneta y se lo llevaron.

Él trabajaba como repartidor y contaba con un permiso de trabajo vigente. Su caso se suma al de cientos de residentes de Minnesota arrestados por autoridades migratorias pese a contar con ese documento. Aunque un permiso laboral no define por sí solo el estatus migratorio de una persona, sí muestra que utilizó vías legales para ingresar al país o para regularizar su situación.

En otras palabras, inmigró “de la manera correcta”.

En un análisis efectuado por Minessota Reformer de más de 1,100 peticiones de hábeas corpus, —demandas presentadas por personas que dicen haber sido detenidas sin justificación legal— se identificó 273 casos de inmigrantes con permisos de trabajo vigentes arrestados durante el operativo migratorio conocido como Operation Metro Surge.

La cifra mide, casi con certeza, el alcance real del operativo. Muchos inmigrantes fueron trasladados fuera de Minnesota —o expulsados de Estados Unidos— antes de poder impugnar su detención. En otros casos, los permisos de trabajo quizá no quedaron registrados en los documentos judiciales. Y algunos detenidos ni siquiera tuvieron acceso a un abogado para presentar una demanda de este tipo.

Entre los detenidos, hay un conserje escolar de Burnsville y el propietario de un restaurante de Columbia Heights. Algunos trabajaban para grandes empresas como Medtronic y Amazon. Otros eran cuidadores de niños, obreros, vendedores o personas que trabajan en la limpieza de casas. Todos ellos fueron arrestados en almacenes como Home Depot, obras de construcción, gasolineras y en las inmediaciones de las escuelas donde estudian sus hijos.

Mendoza trabajó en un McDonald’s hasta el nacimiento de su hijo menor, Moisés. Rondón se ganaba la vida instalando y reparando de techos, pero tuvo que dejarlo por malestares en la espalda. Después, empezó a realizar entregas a través de la aplicación Instacart y otras más.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) concede permisos de trabajo a inmigrantes en distintas situaciones migratorias, incluidos refugiados, solicitantes de asilo con casos pendientes y beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), conocidos también como “dreamers”. Para obtenerlos, los solicitantes deben pagar una tarifa —que ahora supera los $1,000 para quienes piden asilo— y presentar documentos migratorios y de identificación.

Durante años, esos permisos ofrecieron a los solicitantes de asilo una medida de seguridad y estabilidad mientras esperaban una decisión de los tribunales migratorios, a veces durante años, en un sistema saturado de casos.

“Bajo esta administración, tener un permiso de trabajo ya no importa”, apuntó Karen Bryan, abogada de inmigración en las Ciudades Gemelas.

DHS no respondió las preguntas enviadas por correo electrónico para este reportaje.

Rondón y Mendoza son originarios de Venezuela, pero salieron del país hace casi una década por la violencia política y el colapso económico. Vivieron en Ecuador, Chile y Perú antes de emprender el viaje hacia el norte. Cruzaron la selva del Darién, una ruta peligrosa y sin caminos, con un bebé y una niña de 6 años. En ese trayecto, estuvieron a punto de perder a sus dos hijos: Mateo pasó un mes en un hospital de Guatemala por una infección pulmonar que contrajo en la selva, y Aranssa, la mayor, casi fue arrastrada por la corriente de un río.

Cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos en 2023, la pareja programó una cita con las autoridades migratorias para solicitar asilo. Pasaron algunos días detenidos en la frontera y luego fueron liberados con autorización para vivir y trabajar en EE. UU. mientras sus casos seguían su curso.

En Minnesota empezaron a rehacer su vida. Rondón obtuvo una licencia de conducir y cada mañana llevaba a los hijos mayores a la escuela. Aranssa, una estudiante disciplinada, aprendió inglés en poco tiempo. Mateo recibió servicios para atender un retraso en el habla. Mendoza disfrutaba estar en casa, sobre todo con Moisés, y trataba de acompañar de cerca una etapa de la infancia de sus hijos que pasa demasiado rápido.

Después de su arresto, Rondón pasó más de un mes en un centro de detención en Texas. En febrero fue deportado a Venezuela.

Sin el ingreso económico de su esposo, Mendoza no ha tenido cómo mantener a sus hijos. Desde el arresto casi no sale de casa. Mantiene las persianas cerradas y pide a los niños que no hagan ruido en el apartamento de planta baja donde viven. Aranssa, de 10 años, espera a que oscurezca para sacar la basura: sale corriendo del edificio, tira la bolsa en el contenedor y vuelve de inmediato al apartamento.

Mendoza pasó días sin poder comer ni dormir. Sus hijos le preguntan una y otra vez por el paradero de su padre. Sobreviven con alimentos donados, muchos ya vencidos, y los niños han sufrido vómitos y diarrea. COPAL, un grupo de defensa de la comunidad latina, y una iglesia local ayudaron con el pago de la renta durante algunos meses, pero los fondos se agotan, el propietario presiona y Mendoza sabe que no puede seguir así.

En un miércoles por la mañana, algunas de las mujeres que han apoyado a la familia llegaron al apartamento. Mendoza acomodó a los niños en los asientos de seguridad infantiles prestados y salieron juntas hasta la sede de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Minnesota, ubicada en el edificio federal Whipple.

El alguacil detenido

Un exalguacil permanece en una celda del suroeste de Missouri, aunque no ha sido acusado de ningún delito.

Jarvis Felton, originario de Liberia, entró a las fuerzas del orden porque ese trabajo ofrecía una estabilidad económica difícil de encontrar en uno de los países más pobres del mundo, según su hermano, James Ellis.

Como agente, Felton arrestó a integrantes de pandillas y colaboró en los procesos judiciales, de acuerdo con documentos judiciales. Pero cuando un presidente recién electo los indultó, su familia sufrió represalias que incluyeron “agresión, incendio provocado, secuestro y violación”, según la demanda con la que sus abogados impugnan su detención.

Felton se escondió y luego viajó a Estados Unidos. Allí pidió asilo y recibió un permiso de trabajo. Consiguió empleo como operador de maquinaria en Medtronic y también como conductor de los servicios Uber y Lyft. Con esos ingresos, pagaba la vivienda de su familia y la escuela de sus hijos en Liberia, mientras buscaba, con ayuda de sus abogados, una vía para traerlos a Estados Unidos.

No cuenta con antecedentes penales, salvo un par de multas de tránsito.

Fue arrestado por agentes migratorios el 6 de diciembre, durante la primera semana de la Operation Metro Surge, después de dejar a un cliente en el aeropuerto, según su pastora, Shawna Horn, de la Iglesia Metodista Unida de Brooklyn. Seis días después, DHS lo traslada a la cárcel del condado Greene, en las afueras de Springfield, Missouri. Allí, comparte espacio con personas acusadas de agresión, violencia doméstica y secuestro.

La ley federal exige al DHS detener a inmigrantes que “buscan admisión” al país, una categoría que durante años se aplicó sobre todo a personas arrestadas cerca de la frontera. En julio, esa dependencia gubernamental emitió un memorando que amplió su interpretación de esa norma y sostuvo que inmigrantes en cualquier parte del país deben quedar detenidos mientras avanzan sus casos migratorios. El efecto ha sido claro: más personas detenidas y por más tiempo.

A fines de enero, más de 70,000 personas se encontraban bajo detención migratoria, un aumento de 75% desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Los tribunales han emitido fallos divididos sobre la validez de la nueva política del DHS. Las cortes federales de apelación con jurisdicción sobre Minnesota, Missouri y Texas han respaldado la interpretación del Gobierno. Es probable que la Corte Suprema tenga la última palabra.

Cuando Horn llegó a la cárcel del Condado Greene y pidió ver a Felton, un oficial se echó a reír.

Había manejado 10 horas desde los suburbios del norte de Minneapolis hasta la cárcel. En el camino, no dejaba de pensar en las palabras de Jesús: “Estuve preso y me visitaste”. Pero el personal le dijo que los líderes religiosos que quieren ofrecer acompañamiento pastoral a detenidos suelen esperar semanas, incluso meses, para obtener permiso de entrada. En varios estados, incluido Minnesota, líderes religiosos han demandado al Gobierno federal por negar ese acceso a personas detenidas por ICE, y han ganado.

Esa misma tarde, Horn regresó a la cárcel. Esta vez llevaba puesto vestimenta clerical y estaba decidida a orar por Felton desde afuera. Entonces, sonó su teléfono. El oficial le dijo que, en “un acto de Dios”, le permitirían entrar a verlo.

Con una Biblia en la mano y detrás de una ventana de vidrio grueso que los dividía, Horn le leyó a Felton las palabras que el apóstol Pablo escribió desde una prisión romana: “No se angustien por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias”.

Dentro de la cárcel, Felton ha creado su propio ministerio, según cuenta Horn. Comparte la Biblia y los artículos que compra en la comisaría con otros reclusos. Aunque estuvo enfermo por un tiempo y la comida procesada de la cafetería le resulta difícil de tolerar, ha mantenido el ánimo sostenido por su fe, según la pastora.

“De verdad tiene un espíritu de gratitud, siempre, incluso ahora, y eso sorprende”, remarcó Horn.

Su hermano, sin embargo, dice que Felton no se encuentra bien.

“Nadie quiere estar en la cárcel. Ya lleva demasiado tiempo ahí”, comentó Ellis.

Felton sigue detenido mientras sus abogados luchan para que pueda permanecer en EE. UU.

‘Ahí es donde empieza la tortura’

En las dos veces que Alex, un solicitante de asilo guatemalteco de unos 50 años, fue cuestionado por agentes migratorios, pudo seguir su camino luego de mostrar su permiso de trabajo vigente.

Pero todo fue distinto la tercera vez.

Su auto se había descompuesto, así que pidió prestado el vehículo del hermano de un amigo para ir al trabajo. Lo que Alex no sabía entonces era que el dueño del auto tenía una orden de deportación pendiente, contó. Alex pidió que no se publicara su nombre completo por temor a perjudicar su caso de asilo.

Los agentes migratorios lo detuvieron. Alex bajó del vehículo.

Entonces, uno de los agentes se abalanzó sobre él y comenzó el forcejeo.

“Todos se me fueron encima… empezaron a golpearme”, recordó.

Una agente intervino para frenar a los oficiales que lo estaban maltratando y lo ayudó a subir a la parte trasera del vehículo federal. Solo entonces le pidieron sus documentos. Aun después de comprobar que él no era la persona que buscaban, los agentes lo llevaron al edificio federal Whipple.

“Ahí ya comenzó la tortura de todo el mundo”, agregó.

Contó que durmió dos noches en el piso, con poca comida y poca agua, antes de ser trasladado a un centro de detención en Texas. En El Paso, dijo, vio a un hombre muerto en el área de enfermería y escuchó hablar de otras muertes. La comida era poco apta para el consumo y dormía en una habitación con otros 60 hombres.

Sus abogados, mientras tanto, presentaron una demanda para pedir su liberación y ganaron. Alex regresó a Minnesota a principios de febrero, después de pasar más de un mes detenido. Su caso de asilo sigue abierto. Perdió su empleo en una gran tienda minorista porque faltó demasiados días al trabajo.

En busca de una salida

Mendoza y Rondón emprendieron el difícil viaje a Estados Unidos con un propósito claro: ahorrar lo suficiente para comprar una casa en Venezuela.

Después de la deportación de Rondón, Mendoza vendió los dos autos que tenían en Minnesota. Con ese dinero, logró comprar una casa en Caracas.

Ahora solo quiere volver.

Descargó CBP Home, la aplicación que facilita la salida voluntaria de inmigrantes del país y ofrece un vuelo de regreso sin costo, además de un bono de $2,600. Pero la aplicación le pidió un pasaporte, y Mendoza no tiene uno. Cuando salió de Venezuela en 2018, obtenerlo era caro y difícil, dijo.

Aunque pudiera subirse a un avión, tampoco tiene dinero para los boletos. La familia lleva meses sin generar ingresos.

La situación se complica porque no todos en la familia tienen el mismo estatus migratorio. Mateo, de 4 años, nació en Chile; Moisés, de 2, nació en Estados Unidos.

Mendoza vio en TikTok videos de otras mujeres venezolanas que se entregaban con sus familias a ICE y pedían ser deportadas. En medio de la desesperación, le pareció la mejor salida.

“Ese día yo le estoy pidiendo mucho a Dios que me agarren y me lleven porque no tengo como otra vez decirle a la encargada de los apartamentos que me den chance porque no tengo para pagar la renta”, confesó Mendoza.

El 20 de mayo, a las 9 a.m., Mendoza llegó con sus hijos al edificio federal Whipple, con varias maletas. Las personas que la acompañaban intentaron convencerla de no entrar. Nadie podía asegurar cuánto tiempo quedarían detenidos ni si el DHS les permitiría llevar sus pertenencias. También, existía el riesgo de que la separaran de sus hijos, sobre todo de Moisés, ciudadano estadounidense.

Las voluntarias llamaron a líneas de ayuda legal, pero nadie podía acudir en ese momento. Mendoza, sin embargo, estaba decidida a presentarse ante ICE ese día y a esa hora. Una de las voluntarias contactó entonces a la representante federal Angie Craig, quien envió formularios para autorizar a su oficina a acceder al caso y a la información personal de Mendoza en caso de que fuera detenida. Con esos documentos, su equipo podría dar seguimiento a la familia.

Una voluntaria salió del edificio Whipple para imprimir los formularios. Mendoza y sus hijos esperaron en el estacionamiento. Por momentos, se quedaban sentados en silencio dentro del auto; mientras tanto, jugaban afuera con peluches —un perro, un oso y Jesús— e intentaban saltar la cuerda con el cordón del pantalón deportivo de Mendoza.

Cuando la mujer volvió con los formularios, Mendoza los llenó. Después, Aranssa tomó de la mano a Mateo, Mendoza cargó a Moisés en la cadera y los cuatro entraron juntos.

El plan de autodeportarse no se concretó. En la oficina de Operaciones de Detención y Deportación, la división de ICE encargada de las deportaciones, una empleada de recepción le dijo a Mendoza —a través de una reportera de Reformer que interpretó la conversación porque el personal no hablaba español— que no podían deportarla sin una orden de expulsión. La oficina sí podía emitirle un documento de viaje para sustituir el pasaporte y permitirle regresar a Venezuela por su cuenta.

Las voluntarias empezaron de inmediato a recaudar dinero para pagar los vuelos de la familia.

Este informe fue traducido del inglés por José Luis Castillo.